Declaración de la AMM sobre el Acceso al manejo adecuado del dolor

Adoptada por la 62ª Asamblea General de la AMM, Montevideo, Uruguay, octubre 2011
y revisada por la 71ª Asamblea General de la AMM (en línea), Córdoba, España, octubre 2020
y por la 77ª Asamblea General de la AMM, Róterdam, Países Bajos, octubre de 2026

INTRODUCCION

El dolor es una percepción compleja que consiste en sufrimientos físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales, el acceso a un tratamiento apropiado del dolor es un derecho humano.

Sin embargo, en el mundo, millones de personas sufren de dolor moderado a grave y a veces prolongado sin acceso a un tratamiento apropiado. Las personas que no pueden expresar su dolor adecuadamente, como los niños y discapacitados intelectuales o con estados de conciencia alterados, y las personas y poblaciones que históricamente no han sido bien tratadas por dolores por prejuicios y están especialmente en riesgo de recibir un tratamiento inadecuado del dolor.

El tratamiento inadecuado del dolor contribuye al sufrimiento individual físico y emocional, impacta a la familia y otros cercanos del paciente, produce una carga y un impacto económico negativo en la sociedad.

En muchos casos, el dolor se puede suprimir o aliviar con tratamientos poco costosos que pueden mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes.

A veces, los factores psico-emocionales son incluso más importantes que los meramente fisiológicos. El tratamiento del dolor en estos casos puede necesitar un enfoque multifacético de parte de equipos multidisciplinarios.

Como se menciona en el informe de 2023 “Quedan atrás a causa del dolor” de la Organización Mundial de la Salud, el uso de opioides para tratar el dolor ha aumentado mucho en algunos países. Mientras en muchas otras regiones del mundo el acceso a dicho tratamiento está limitado. Incluso en países con un gran uso de opioides, puede ser difícil para poblaciones específicas recibir un tratamiento adecuado para el dolor, como en los cuidados paliativos y la atención al final de la vida, donde la falta de acceso a los opioides puede ser significativa. Una evaluación incompleta del dolor o un uso inapropiado de los medicamentos para el dolor, incluido el uso excesivo, abuso y adicción, pueden producir reacciones adversas. Todo esto es muy importante y asuntos urgentes que es necesario abordar. Estos desafíos ponen de relieve la necesidad de adoptar enfoques equilibrados, basados en la evidencia y centrados en el paciente para el tratamiento del dolor, para garantizar el acceso a un tratamiento eficaz y prevenir al mismo tiempo daños evitables.

RECOMENDACIONES 

Educación sobre el tratamiento del dolor 

1. Se debe proporcionar una formación en base a evidencia sobre las mejores prácticas de manejo y control del dolor a los médicos y otro personal de la salud, desde la formación de pregrado hasta las actividades de desarrollo profesional continuo. La educación también debe reconocer la falta de evidencia que respalde las prácticas de manejo del dolor.

2. La formación debe incluir la evaluación del dolor y control del dolor en base a evidencia. Esta formación comprende información sobre la eficacia y riesgos de los medicamentos para el dolor, la acción de los opioides y el ajuste y la conversión de las dosis de opioides; los riesgos de sesgo y de submedicalización y sobremedicalización; y la prevención de la prescripción inapropiada, las reacciones adversas, la adicción y la sobredosis. Se debe enseñar la atención centrada en el paciente a fin de lograr el objetivo de terminar con el dolor y disminuir la incidencia de reacciones adversas, la adicción y la sobredosis. El currículo debe estar basado en la competencia y realzar los conocimientos, actitud y habilidad de los profesionales de la salud para tratar el dolor.

3. La formación también debe incluir capacitación y orientación sobre cómo desenvolverse en la normativa relativa a los medicamentos controlados (incluidos los requisitos de adquisición, prescripción, dispensación, documentación e informes) y estrategias prácticas para prevenir el desvío y el uso no médico, al tiempo que se garantiza el acceso oportuno a los pacientes con necesidades legítimas.

4. La formación de los profesionales médicos sobre el tratamiento del dolor debe incluir opciones de tratamiento no farmacológicas. La formación debe permitir a los profesionales de la salud establecer una comunicación interpersonal, comprensión total de las diferencias culturales y la capacidad de evaluar el dolor que tienen los pacientes a nivel fisiológico y psicológico. También facilitar la integración de estas habilidades por medio de equipos multidisciplinarios, de modo que puedan trabajar juntos para aliviar el dolor de los pacientes con o sin medicamentos.

5. La formación debe enfocarse en crear especialistas en dolor y cuidados paliativos, para que puedan apoyar de manera eficaz a los médicos y otro personal de la salud de la primera línea.

Médicos y otro personal de la salud 

6. La práctica del manejo del dolor debe ser realizada por el médico e incluir:

• Evaluación integral del paciente y diagnóstico de la causa del dolor, esto incluye mantener la competencia cultural en la evaluación del dolor, especialmente al atender a poblaciones diversas donde la expresión del dolor varía o podría verse influenciada por el estigma.
• Evaluación de las opciones de tratamiento y selección de las opciones de tratamiento adecuadas en un proceso compartido de toma de decisioes, incluidas las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas.
• Interrupción del tratamiento prescrito cuando corresponda, seguimiento y diagnóstico y manejo de las complicaciones.
• Colaboración con personal de la salud cuando corresponda.

7. Todos los médicos y otro personal de la salud deben evaluar y tratar de manera eficaz el dolor de todos los pacientes según sus valores y preferencias, incluidos los niños, pacientes con discapacidad cognitiva y los que no pueden expresarse y los pacientes y poblaciones que históricamente no han recibido tratamientos adecuados para el dolor, debido a sesgos implícitos o explícitos.

8. Los médicos y demás personal de la salud deben seguir las directrices adicionales sobre el tratamiento del dolor contenidas en la Declaración de la AMM sobre las responsabilidades de los médicos en la prevención y el tratamiento del abuso de opiáceos y drogas psicotrópicas, la Resolución de la AMM sobre la prescripción de medicamentos, la Delaración de Lisboa sobre los Derechos de los pacientes y la Declaración de Venecia de la AMM sobre la atención médica al final de la vida. 

Gobiernos, reguladores y administradores de la salud 

9. Los gobiernos, reguladores y administradores de la salud deben reconocer las consecuencias del dolor, en cuanto a salud, productividad y costo económico.

10. Los gobiernos deben asegurar que los pacientes con dolores tengan acceso a tratamientos eficaces, incluidos los productos analgésicos adecuados. Los obstáculos injustificados a este acceso son contrarios a los principios éticos e incompatibles con el respeto de su derecho a la salud.

11. Los gobiernos deben involucrar de manera significativa a los pacientes, los profesionales de la salud y las comunidades afectadas en el establecimiento de prioridades, la implementación y la evaluación de las políticas y regulaciones sobre medicamentos controlados, incluida la evaluación de los impactos no deseados en el mundo real sobre el acceso y la seguridad.

12. Los gobiernos deben revisar periódicamente las políticas y reglamentos sobre el control de medicamentos para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los fármacos controlados, como los opioides. Además, se deben realizar esfuerzos apropiados para minimizar el mal uso y uso ilícito y los gobiernos deben proporcionar servicios de apoyo especializados con recursos suficientes para la dependencia de medicamentos recetados. El alivio del sufrimiento y la prevención contra el mal uso deben estar equilibrados en la administración de los medicamentos controlados. Al mismo tiempo, se garantiza que las prácticas de prescripción se guíen por información independiente basada en la evidencia y estén protegidas de influencias indebidas.

13. Los gobiernos, los reguladores y los administradores de la salud, en colaboración con los grupos de profesionales y pacientes, deben incrementar sus esfuerzos para crear e implementar estrategias basadas en evidencia y una orientación clara para abordar las restricciones a la atención, la reducción gradual y gestión del retiro, los eventos de sobredosis y otros daños que experimentan los pacientes con dolor, enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias.

14. Los gobiernos deben proporcionar recursos suficientes para apoyar la investrigación de la prevención, educación y tratamiento del dolor e identificar e implementar soluciones, en particular:

• Explorar los factores que pueden impactar el acceso para el tratamiento del dolor, como la condición financiera, estatus socioeconómico, raza y etnia del paciente, diferencias entre el medio urbano y rural, logística, educación y formación del médico y personal de la salud insuficiente y cultura (los malentendidos sobre los opioides o enfoques del manejo tradicional del dolor, por ejemplo).
• Promover el uso de herramientas validadas para la evaluación del dolor.
• Realizar o promover investigaciones sobre nuevos tratamientos para el alivio del dolor y métodos de atención, incluidas las terapias no farmacológicas.
• Establecer un sistema y un procedimiento estándar para registrar y recopilar información relativa al dolor para un monitoreo y estadísticas correctas. La información sobre el dolor incluye la incidencia y prevalencia del dolor, su causa, estado del tratamiento del dolor, razón por la cual se ha tratado el dolor de manera inadecuada y cantidad de drogadictos, etc. Se debe dar un énfasis particular a la recopilación de información adecuada estandarizada para eliminar las desigualdades para las poblaciones históricamente marginadas.
• Investigar las vías de desvío de medicamentos específicas de cada contexto (cadena de suministro, prescripción, dispensación) y evaluar las intervenciones que reduzcan el desvío sin restringir el acceso legítimo.