Declaración de la AMM sobre la Planificación Familiar y el Derecho de la Mujer a la Anticoncepción
Adoptada por la 48ª Asamblea General, Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996,
enmendada por la 58a Asamblea General, Copenhague, Dinamarca, octubre 2007
Y reafirmada con una revisión menor por la 207ª sesión del Consejo de la AMM, Chicago, Estados Unidos, octubre 2017
Introducción
La AMM reconoce que los embarazos no deseados y los embarazos demasiado seguidos pueden tener un efecto adverso grave para la salud de la mujer y de sus hijos. Estos efectos pueden incluir la muerte prematura de la mujer. Los hijos en la familia también pueden sufrir hambre, maltrato o abandono, lo que puede producir la muerte o problemas de salud, cuando las familias no pueden alimentar a todos sus hijos. El funcionamiento social y la capacidad para lograr su potencial completo también pueden verse afectados.
La AMM recuerda su Declaración de Ottawa sobre la Salud del Niño y respalda el derecho universal a la salud de todos los niños en el mundo.
La AMM reconoce los beneficios para la mujer que puede controlar su fertilidad. Se le debe ayudar a que pueda elegir por ella misma y también a plantear esto a su pareja. La capacidad de hacerlo por opción y no por azar es un componente principal de la salud física y mental de la mujer, como también de bienestar social.
El acceso a métodos adecuados de control de fertilidad no es universal, muchas de las mujeres más pobres en el mundo casi no tienen acceso. El conocimiento sobre cómo funciona su cuerpo, información sobre cómo controlar su fertilidad y los materiales necesarios para realizar esa elección son derechos universales y básicos para todas las mujeres.
El 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible, meta 6 pide el “acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos”.
Recomendaciones
La AMM recomienda que las asociaciones médicas nacionales:
- Promuevan los beneficios de la educación para la planificación familiar, colaboren con los gobiernos, ONGs y otros grupos a fin de proporcionar servicios y asistencia seguros y de alta calidad.
- Exijan a los gobiernos asegurarse que dicha información, materiales, productos y servicios estén disponibles sin consideración de nacionalidad, credo, raza, religión o nivel socioeconómico.