Esta Resolución fue adoptada en la 191ª Sesión del Consejo de la AMM, Praga, abril 2012.
La AMM reconoce que los ataques a los establecimientos de salud, profesionales de la salud y sus pacientes son un problema cada vez más común y el Consejo de la AMM denuncia todos esos ataques en cualquier país.
Estos a menudo ocurren durante los conflictos armados y también en otras situaciones de violencia, incluidas las manifestaciones contra el Estado. Los pacientes, incluidos los heridos durante las protestas, a menudo son de los segmentos más pobres y marginalizados de la comunidad y sufren en mayor proporción de graves problemas de salud que los que tienen más recursos económicos.
Los gobiernos tienen la obligación de asegurar que los establecimientos de salud y los que allí trabajan puedan funcionar en seguridad y sin interferencia del Estado ni de actores no estatales y proteger a los que reciben atención.
Cuando los servicios no están disponibles para los pacientes debido a la acción o no acción del gobierno, el gobierno, no el personal de la salud, debe ser responsable.
Puesto que en recientes y actuales conflictos en Bahréin y en Siria, los médicos, otro personal de salud y sus pacientes han sido agredidos en los establecimientos de salud, la AMM exige:
1) Que los Estados cumplan con sus obligaciones hacia todos los ciudadanos y residentes, incluidos los manifestantes políticos, pacientes y personal de la salud y protejan los establecimientos de salud y su personal de interferencia, intimidación o agresiones.
2) Que los gobiernos comiencen negociaciones importantes cuando dichas agresiones sean posibles, probables o ya estén sucediendo para detener las agresiones y proteger las instituciones y sus ocupantes.
3) Que los gobiernos consideren cómo pueden contribuir positivamente al trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja para promover la seguridad en la prestación de la atención médica, a través del conocimiento de los conceptos de su proyecto Salud en Peligro.
